El talón de aquiles de la Justicia dominicana es lo relativo al aspecto penal
SANTO DOMINGO.- Entre julio del 2020 y octubre de este año 2024, los tribunales de la República Dominicana recibieron 97 mil 627 solicitudes de medidas de coerción y 84 mil 851 expedientes acusatorios, una evidencia de la gran cantidad de procesos manejados por el Ministerio Público y la judicatura.
Si bien la Justicia penal no es el área del Poder Judicial que más procesos lleva o solicitudes maneja, no menos cierto que es la cara visible del sistema de justicia del país, algo evidenciado en el último informe de la World Justice Project (WJP) que sitúa a esta nación en la posición 86 de 142 en cuanto al desarrollo del estado de derecho y el lugar número 20 entre los 32 países que conforman América Latina y el Caribe.
Durante muchos años se ha estado hablando de la deficiencia o retos que tiene el sistema para dar respuesta a procesos de los cuales ha sido apoderado, en alguno de los cuales, víctimas o demandantes de justicia han fallecido sin encontrar respuesta a sus requerimientos.
De acuerdo con el informe de WJP correspondiente al año 2023, cuando Dominicana avanzó seis posiciones respecto a años anteriores, lo relativo a la Justicia penal hizo que el país estaría por debajo del promedio regional.
La pandemia del Covid-19 obligó a acelerar procesos tecnológicos no programados, y una de las instituciones que se vieron compelidas a dar el salto y abrazar las diferentes herramientas tecnológicas, fue el Poder Judicial puesto que debía garantizar el acceso a la Justicia oportuna a todos los usuarios.
Es por ello que en estos momentos se puede, en tiempo real, contabilizar la cantidad de solicitudes que maneja ese organismo y al mismo tiempo las respuestas que ha dado, lo que de alguna forma ayuda a medir cómo procesan los tribunales y servidores judiciales los requerimientos en materia civil, penal y administrativa.
Más de un millón de solicitudes
Los datos disponibles reflejan que en un año, el Poder Judicial recibió más de un millón 200 mil solicitudes tramitadas por fiscales, abogados, personas físicas o jurídicas pero cuando se amplía el rango de tiempo a cuatro años, el dato aumenta a más de cuatro millones 774 mil.
En materia penal, se estaría hablando de más de cincuenta mil procesos al año, lo que se traduce en sobrecarga en trabajo y procesos tanto para el Ministerio Público como para la judicatura que en estos últimos años promueve el uso de mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos.
Jueces, fiscales, abogados y especialistas en materia penal, coinciden en establecer que el gran problema de la Justicia penal es la sobrecarga de procesos: todo se judicializa, incluso delitos menores.
Para los magistrados del Distrito Nacional, Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de Instrucción; Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado, Rafael Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito y especialista en administración penitenciaria y ejecución de la pena, la excesiva judicialización de los procesos es por la falta de aplicación efectiva de los medios alternos de solución de conflictos establecidos en el Código Procesal Penal.
Explican que la alta tasa de litigios, congestiona y sobrecarga a los tribunales penales y genera una administración de justicia lenta, ineficaz e incapaz de dar respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios.
Otro tema de preocupación es el sistema penitenciario: las condiciones carcelarias y la cantidad de personas privadas de libertad sin condena, es decir, los preventivos, son 14,634, equivalente al 56.33% de la población carcelaria.
Desde el punto de vista del Ministerio Público, Merlin Mateo, fiscalizador y miembro del Consejo Superior del Ministerio Público y Jeisi Alcántara, fiscal titular de Dajabón, la mora judicial, conocer los procesos durante el plazo máximo de duración figuran entre los principales retos del sistema judicial. Sumado a la falta de actualización del Código Penal y del Código Procesal Penal para hacer los procesos más expeditos y menos burocráticos.
Los juristas Carlos Salcedo y Ramón Emilio Núñez consideran que garantizar los derechos fundamentales que respondan a la mínima intervención del Estado, mejorar las prácticas de investigación y persecución alineadas con el respeto al debido proceso y los excesivos formalismos de los procedimientos en el sistema penal, figuran entre los desafíos a superar para mejorar la calidad del sistema.
Salcedo considera que hay una falta de conciencia estructural en el Ministerio Público y los jueces que endosan prisión preventiva como si se tratara de “zafacones” y no de seres humanos, los sometidos a un proceso penal.
En tanto que Núñez añade que hay que hacer un mayor uso, proporcional, motivado y ajustado a la ley, de las herramientas alternativas al juicio, así como mejorar la calidad de las audiencias, con mejor programación, una dirección más efectiva, para evitar su excesiva prolongación.
En busca de mejorar los indicadores en lo relativo a la Justicia penal, el Poder Judicial decidió implementar un Sistema de Gestión de Casos en esta materia, con lo cual podría seguir de manera integral los expedientes desde su inicio hasta su conclusión, posibilitaría el establecimiento de indicadores y metas para mejorar la calidad del servicio de administración de justicia, y además contribuiría a un control efectivo de los plazos procesales, al identificar y abordar las causas de posibles retrasos.
De igual modo, se ha aprobado el uso de la firma digital, lo cual ha contribuido con la agilización de proceso y la digitalización de todos los expedientes.
Desigualdades en el sistema
Otro de los retos de la judicatura es enfrentar la desigualdad en la forma en que los usuarios acceden a la Justicia. En los últimos años se han evidenciado casos de personas con más de diez años en prisión, sin haber mediado una decisión judicial. Como ejemplo, Luis Peña Valdez, de 55 años, estuvo preso en la cárcel de La Victoria por doce años, sin que haya registro de que existiera un proceso penal en su contra o Gerardo Luis, quien permaneció diez años en la cárcel de El Seibo pese a haber mediado una orden de libertad a su favor.
Sin embargo, En los procesos que involucran a personas con cierto poder adquisitivo, social o político, las discusiones se enfocan en si ya venció el plazo máximo de duración de procesos y por ende corresponde la declaratoria de extinción de la acción penal. Entre esos, se puede mencionar la extinción en favor de los imputados del caso de sobornos relacionados con la compra de ocho aviones Súper Tucano a la empresa brasileña Embraer, así como el fin del proceso seguido a los imputados por la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
Defensa Pública recibe más de 22 mil casos
Si bien el Estado debe garantizar que todo procesado sea asistido por un defensor, No menos cierto es que la carga de trabajos que cae sobre la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que tiene esa responsabilidad, limita su desempeño. No todos los departamentos judiciales cuentan con defensores públicos de carrera y en esos casos, la entidad que recibe más de 22 mil casos al año, se auxilia de abogados contratados para que ejerzan el rol por ellos. Este número de casos resulta extremadamente alto para la cantidad de defensores o abogados auxiliares con que cuenta la entidad. Para el año 2020 la cifra era de 108 defensores públicos de carrera y 128 abogados adscritos (contratados), número que no ha variado mucho en la actualidad.
HOGLA ENECIA PEREZ
